Detenidas de ICE

Detenidas de ICE son inspeccionadas antes de abordar el vuelo de Swift Air en la Terminal Aérea de Yakima McAllister Field, el 28 de mayo.

No es fácil determinar a quién arresta y deporta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta agencia federal con frecuencia informa que el 90 por ciento de los arrestados tienen condenas penales, cargos penales pendientes o están bajo una orden de salida emitida por un juez federal de inmigración.

Y que se da prioridad de deportación a personas que “representan la mayor amenaza para la seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza”, dijo la portavoz de ICE, Tanya Roman.

Sin embargo, información obtenida por Syracuse University y el centro de Derechos Humanos de University of Washington mostró que más de la mitad de los indocumentados detenidos en cárceles no tenían condenas criminales y que muchos de los que fueron encarcelados por cargos penales ingresaron por delitos de DUI u otras infracciones de tránsito.

Los datos existentes a nivel estatal y federal son escasos, y ofrecen solo una mezcla de información de la cantidad de personas que tienen condenas penales, cargos pendientes o ninguno.

La información de las personas con condenas criminales o cargos pendientes que han sido transportados en la Terminal Aérea de Yakima McAllister Field desde el 7 de mayo, cuando ICE comenzó a usar este aeropuerto, solo están disponibles si se realiza una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información.

Estos vuelos han despertado preocupación en Yakima, donde casi la mitad de la población es latina, y donde varias personas han manifestado en las reuniones del ayuntamiento de la ciudad que sus familias tienen temor de ir cerca del aeropuerto o incluso salir de sus casas por miedo a ser deportados en redadas.

Roman explicó que este no es el caso: ICE solo realiza acciones selectivas en cumplimiento de la ley, sin redadas indiscriminadas, dijo. Pero, agregó, que cualquier persona que viole las leyes de inmigración, independientemente de su historial criminal, puede ser deportada en cumplimiento con la misión general de ICE.

“Los que violan las leyes de inmigración, incluidos aquellos que volvieron a ingresar ilegalmente al país después de ser removidos, podrían estar sujetos a arresto, detención y a ser removidos con una orden final para abandonar Estados Unidos”, declaró.

¿A quiénes arrestan?

A nivel nacional, el 73 por ciento de los arrestados fuera de la prisión o la cárcel tienen condenas penales o cargos pendientes, arroja un informe de ICE del año fiscal 2018. El 27 por ciento no tiene cargos.

En el estado, el reporte muestra que ICE arrestó a 4 mil 359 personas en 2018. De esos, 67 por ciento tenían condenas criminales, 25 por ciento tenían cargos criminales pendientes y el 8 por ciento no tenían.

Bryan Wilcox, director de campo de cumplimiento y remoción de ICE-Seattle, estimó que el 54 por ciento de los indocumentados encarcelados en el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma son solicitantes de asilo sin antecedentes penales.

Detenido de ICE en aeropuerto de Yakima

Un detenido de ICE aborda el vuelo de Swift Air en la Terminal Aérea de Yakima McAllister Field, el 28 de mayo.

“La gente que traen a Yakima y de allí al centro de detención son, casi de forma exclusiva, de la frontera sur que buscan asilo”, afirmó.

Wilcox considera que el 46 por ciento restante son personas que fueron arrestadas de forma local, tienen “historias criminales agobiantes”. ICE define un “crimen agobiante”, desde un asalto hasta una resistencia a un oficial por un DUI.

En febrero, la cárcel del condado de Yakima dejó de detener encarcelados que fueron arrestados por cargos locales y que eran elegibles para ser puestos en libertad. El cambio surgió como parte de un convenio que negociaron Columbia Legal Services y Northwest Immigrant Rights Project, quienes mostraron que entre 2014 y 2018, el 47 por ciento de los arrestos de ICE provenían de cárceles locales, y que una cuarta parte de los arrestados no tenían antecedentes penales y que otros fueron detenidos por delitos menores relacionados con violaciones de tráfico.

¿A quiénes deportan?

Un reporte del Centro de Derechos Humanos de University of Washington, publicado en abril, ofrece información sobre los deportados en el aeropuerto Boeing Field del condado de King, utilizado por ICE antes de Yakima.

El centro presentó solicitudes en 2018 bajo la Ley de Libertad de Información, y según informes, recibió una copia de la base de datos del Sistema de Rastreo de Repatriación de Extranjeros de ICE, con 1.73 millones de registros en casi 15 mil operaciones aéreas de ICE en ese aeropuerto desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2018.

De acuerdo con el informe, el 52 por ciento de los deportados no tenían récord criminal. Aunque el documento señaló que las órdenes de salida en el reporte solo representaban del 44 al 53 por ciento de todas las expulsiones.

En Yakima, Roman informó que todas las personas removidas de Estados Unidos a través del aeropuerto de Yakima tenían órdenes definitivas de expulsión y que ICE mantiene registros meticulosos sobre inmigración y antecedentes penales de quienes se encuentran bajo su custodia.

Cuando se le preguntó a Roman o a Wilcox si podrían informar cuántas personas que han sido transportadas de Yakima tienen condenas criminales o cargos pendientes, o cuántos vuelos fueron usados para deportaciones definitivas — lo que según dijo Roman podría incluir transportar personas a importantes audiencias de la corte o a cárceles cercanas a su familia — ninguno pudo contestar.

“No tengo cifras sobre la gente que se va”, dijo Wilcox. “A nivel local, no hacemos un seguimiento de eso. La mayoría están en camino de ser expulsados de Estados Unidos y es una mezcla de delincuentes y no delincuentes”.

David Morales, vicepresidente y comisionado de la Comisión de Asuntos Hispanos del estado de Washington, señaló que también le ha sido difícil obtener la información sobre quiénes abordan los vuelos de Yakima.

“ICE ha hecho algunas afirmaciones, pero las aseveraciones parecen estar limitadas a casos específicos o a sectores de la población”, dijo. “Hemos identificado a algunos individuos en esos aviones a través de familiares y abogados, pero los informes de vuelo suelen estar protegidos contra la divulgación”.

Preocupaciones humanitarias

Roman dijo que ICE remueve a individuos de forma humana y en cumplimiento con las leyes nacionales.

Pero La Resistencia, una organización liderada por inmigrantes indocumentados y ciudadanos estadounidenses con sede en Tacoma, no está de acuerdo.

El viernes, el grupo emitió un comunicado de prensa acerca de José Velarde Quiñonez, un hombre con cáncer que se sometió a una cirugía hace menos de un mes y que aún requiere atención médica. Pese a las recomendaciones de médicos, Quiñonez fue deportado el 9 de julio en Tacoma.

El 24 de junio, ICE intentó deportarlo por primera vez, pero un médico ordenó la suspensión del proceso. De acuerdo con un comunicado de prensa de La Resistencia, el personal médico del centro de detención autorizó esta vez la deportación de Quiñónez, aunque posiblemente no recibirá atención médica en México.

Maru Mora Villalpando, portavoz del grupo, también mencionó a José Martín Delgado Jaimes, quien fue deportado a pesar de que necesitaba continuar su diálisis y tratamientos médicos, y falleció.

El concejal de la ciudad de Yakima, Jason White, informó que ha sabido que sus electores tienen preocupaciones humanitarias sobre los vuelos, principalmente por el uso de esposas metálicas en las manos, cadenas en la cintura y en las piernas, utilizadas para sujetar a las personas durante el abordaje y los vuelos.

“La gente no quiere que los esposen”, dijo White. “Pero esposar es un procedimiento estándar cuando se infringe la ley, y no solo la ley de inmigración. Quiero asegurarme de que también se respeten sus derechos constitucionales, pero apoyo la misión general de ICE para sacar a los delincuentes violentos de las calles”.

El informe del Centro de Derechos Humanos de la University of Washington planteó preguntas sobre abusos a los derechos humanos, así como posibles violaciones a derechos constitucionales, incluyendo que más de 8 mil personas habían sido deportadas desde el aeropuerto del condado de King mientras sus procesos legales estaban pendientes.

El informe también señaló que los solicitantes de asilo de Centroamérica y México, que representan el 95 por ciento de las salidas del país, tenían solicitudes negadas de asilo por violencia o ataques de pandillas.

Roman dijo que ICE continuará cumpliendo su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos.

“Los esfuerzos estatales y locales que obstaculizan las operaciones de ICE solo sirven para crear preocupaciones de seguridad adicionales y agregar retrasos y costos significativos a los contribuyentes de Estados Unidos”, aseguró.

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