Para evitar que comunidades de bajos recursos y migrantes sean desalojados de sus viviendas pese a la moratoria antidesalojos en Washington, la organización de Servicios de Abogados Voluntarios (VAS) en el condado de Yakima puso en marcha el verano pasado el Programa de Justicia de Vivienda.

“Este proyecto comenzó cuando la directora de nuestra oficina se dio cuenta que debido al COVID había mucha injustica para personas migrantes y mujeres solas que estaban desalojando aún en la pandemia. Pero todos los inquilinos tienen derechos y nuestros abogados nos ayudan a que no pierdan sus viviendas”, mencionó Jessica Martínez, coordinadora de enlace del Proyecto de Justicia de Vivienda de VAS en el condado de Yakima.

De julio a diciembre de 2020, dijo Martínez, la organización ayudó a 57 clientes con asuntos legales de vivienda. De enero a la fecha, asistió a 37 clientes, y actualmente trabaja en 22 casos activos, de estos 18 inquilinos son latinos.

Para Martínez lo más importante es que los inquilinos sepan que la ley los protege, “pocas personas saben que nadie puede sacarlos de su casa si no pueden pagar sus rentas, sobre todo por la orden del gobernador”, subrayó.

Y es que aún con la moratoria los propietarios usan la cohesión y el acoso para obligar a los inquilinos a pagarles rentas atrasadas, describió Martínez, al agregar que la mayoría de los que enfrentan desalojos actualmente son madres solteras.

Recibiendo ayuda

Laura, quien decidió no revelar su apellido por seguridad, es una trabajadora agrícola desempleada que está a punto de ser desalojada de la casa duplex en Sunnyside donde ha vivido por 9 años.

Laura es madre soltera y alquila ese lugar por 600 dólares al mes para ella y tres de sus cinco hijos, uno de 16, otro de 10 y uno de 8 años.

“No he podido pagar la renta desde enero, no estoy trabajando y el dueño me quiere sacar, me trata con amenazas y maltratos; yo y mis hijos vivimos muy angustiados”, dijo.

La mujer fue referida a VAS para recibir ayuda. “Ya me siento protegida, siento que por fin tengo voz y para defenderme”, agregó.

La abogada asignada a su caso la ayudó a establecer pagos mínimos a cuenta de los mil 800 dólares que debe de renta, incluso la asistió para poner una orden de restricción contra el arrendatario a fin de frenar el hostigamiento.

Según Martínez, el caso de Laura no es aislado, son muchas mujeres solas, migrantes y personas de bajos recursos que tienen situaciones similares.

“Desgraciadamente, los propietarios se aprovechan de que las personas no saben que tienen derechos. Muchos saben que pueden decir que van a regresar a vivir a sus propiedades o decir que las personas están dañando las viviendas y van a lograr que los inquilinos sean desalojados. Por eso, deben hablar con un abogado si se retrasaron con sus rentas”.

Los servicios que ofrece VAS son completamente gratuitos ya que la organización tiene contratos con abogados que voluntariamente ayudan con casos de viviendas, explicó Martínez.

“Nosotros tenemos contrato con los abogados para que vean estos casos, generalmente hablan o les escriben cartas a los propietarios y evitan ir a la corte, hacen arreglos de pagos, pero si el caso se complica hay abogados que pueden representar a los clientes ante el juez, contamos con fondos recaudados y de programas de gobierno para ayuda de vivienda”.

El principal objetivo es evitar el desalojo, añadió. “Si las personas son desalojadas con fallo de la corte van a dañar su récord como inquilino y no podrán rentar vivienda en ningún otro lugar, va a ser difícil que los aprueben en lugares de rentar”.

Protección bajo la moratoria antidesalojos

La coordinadora explicó que, “bajo la moratoria del gobernador los propietarios casi no tienen derechos, pero si comprueban en la corte que trataron de arreglar pagos o que el inquilino no les notificó su situación económica, el juez va a proceder con el desalojo”.

“La moratoria no perdona la deuda, solo retrasa el pago, pero en junio vence el plazo para pagar, por eso les recomendamos hablar a nuestras oficinas, le podremos ayudar inmediatamente a establecer un sistema de pago o frenar amenazas de los propietarios”, puntualizó.

Los servicios son para todas las personas que vieron afectado su ingreso debido a la pandemia o que piensan que no podrán pagar el alquiler adeudado cuando termine la moratoria en junio, sin importar su estatus migratorio.

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