La Cámara de Representantes del estado de Washington tomó acción para cerrar el Centro de detención del Noroeste en Tacoma, una de las instalaciones más grandes del país donde el gobierno retiene a las personas que intenta deportar.

Pese a las objeciones republicanas en el Senado, la cámara aprobó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los centros de detención privados. En Washington, solo entra en este criterio esta instalación, formalmente conocida como Centro de Procesamiento de ICE en el Noroeste, con mil 575 camas.

El Proyecto de Ley 1090 de la Cámara de Representantes permite que el contrato del gobierno federal con el Grupo GEO, que opera el centro, siga su curso hasta terminar en 2025. Si el gobernador firma el proyecto, Washington se convertiría en el estado número 23 en prohibir la detención con contratos privados, según la patrocinadora del proyecto de ley, la representante Lillian Ortiz-Self, Demócrata de Mukilteo.

El presidente Joe Biden ordenó en enero que el Departamento de Justicia pusiera fin a los contratos para prisiones privadas, pero eximió a las instalaciones para inmigración y control de aduanas.

Ortiz-Self cree que ICE no entró en la orden para que el gobierno federal considere la reforma migratoria más ampliamente.

“Queríamos actuar y queríamos hacerlo ahora”, dijo Ortiz-Self.

Muchos activistas de inmigración piden que se deje de detener a personas que viven de forma indocumentada en Estados Unidos. Y un proyecto de ley federal, patrocinado por demócratas como los representantes de Washington, Pramila Jayapal y Adam Smith, reduciría sustancialmente la detención y prohibiría las instalaciones privadas en todo el país.

El grupo comercial que representa al Grupo GEO, llamado Alianza del Día 1, calificó el proyecto de ley del estado de Washington, como un “teatro político”.

“El Centro de Procesamiento de ICE en el Noroeste ha operado en Tacoma durante más de 20 años bajo las administraciones presidenciales demócratas y republicanas, ofreciendo los mismos servicios de alta calidad al gobierno federal en todo momento”, dice el comunicado. “La instalación opera hoy bajo los mismos estrictos estándares de desempeño que existían bajo la administración del presidente Obama. Entonces, habría que preguntarse, ¿por qué hoy los políticos del estado de Washington expresan falsa indignación?”

Ortiz-Self explicó que el objetivo del proyecto de ley no es una reforma migratoria, — aunque cuestiona la necesidad de encarcelar a personas que “buscan refugio o alimentar a sus familias” — sino proteger los derechos de todos los encarcelados en instalaciones con fines de lucro.

Los detenidos se han quejado durante años no sólo de la comida, sino de trabajos que pagan un dólar al día, por supuesto trato duro de guardias y atención médica que dicen que es inadecuada. Una serie de huelgas de hambre se han organizado en este lugar.

Angelina Godoy, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, señaló los informes del centro de derechos humanos que, según ella, muestran un abuso sistémico. Un reporte dice que el centro de detención puso a los detenidos en régimen de aislamiento durante un promedio de 70 días, más del doble que el promedio nacional en instalaciones similares.

El Grupo GEO rechazó las acusaciones de abuso y malos tratos a los detenidos. Declinó hacer una declaración después de la votación legislativa, y remitió preguntas a la Alianza del Día 1.

La declaración del grupo comercial, además de cuestionar los motivos políticos de los legisladores, dijo que el gobierno federal, no GEO, brinda atención médica en las instalaciones y que los detenidos reciben “comodidades recreativas modernas y tres comidas nutritivas diarias”.

Si se cierran las instalaciones de Tacoma, ¿a dónde irán los inmigrantes detenidos en Washington? La Alianza del Día 1 dice que simplemente serán enviados a otro estado, más lejos de familiares y amigos.

Godoy, del Centro de Derechos Humanos, cuestiona la necesidad de la detención de inmigrantes, pero dijo que si continúa, se verá afectado un menor número de personas ahora. La disminución de la aplicación de la ley por la COVID-19 y las demandas que buscan la liberación de los detenidos vulnerables, han reducido drásticamente el número de detenidos en las instalaciones de Tacoma, a aproximadamente 200 a mediados de marzo.

Sin embargo, dijo, un contrato con el gobierno federal todavía garantiza que se le pague a GEO por casi 200 camas al día, incluso si están vacías.

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