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An electronic sign on the Interstate 82 median encourages people to get COVID-19 vaccines Wednesday, May 19, 2021, in Union Gap, Wash.

Docenas de patrulleros del estado de Washington y otros empleados de los gobiernos estatal y locales demandaron al gobernador Jay Inslee, alegando que su mandato de la vacuna contra la COVID-19 sobrepasa su autoridad legal y viola sus derechos constitucionales.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del condado Walla Walla, enumera a más de 90 demandantes. Entre ellos se encuentran 53 empleados de la Patrulla Estatal, una docena de trabajadores del Departamento de Correcciones, además de bomberos, personal sanitario y trabajadores del sistema de transbordadores.

En respuesta a un aumento de las infecciones de COVID y de hospitalizaciones provocadas principalmente por personas no vacunadas, Inslee ordenó el mes pasado a todos los empleados y contratistas del Estado, al personal de educación básica y a los trabajadores sanitarios que se vacunaran completamente contra la COVID-19 antes del 18 de octubre o perderían sus empleos.

Los empleados pueden solicitar exenciones médicas o religiosas, pero a los patrulleros y a otros se les ha dicho que pudieran ser despedidos o reasignados incluso si se aprueban sus solicitudes de exención.

La demanda cita correos electrónicos que sugieren que la oficina de Inslee elaboró la exención religiosa para que fuera “lo más estrecha posible” y sostiene que su orden tendrá como resultado “la purga de ciertas clases políticas y religiosas del servicio civil”, según la demanda de 25 páginas presentada por el abogado Nathan Arnold de Seattle.

También argumenta que la declaración de emergencia de duración indefinida de Inslee, emitida por primera vez el 29 de febrero de 2020, es un uso irrazonable de poderes que pretenden ser temporales. “Por axioma, un evento que dura más de 20 meses no es emergente”, afirma la demanda.

El mandato de Inslee es más estricto que los anunciados por muchos otros estados y el gobierno federal, que permiten realizar pruebas semanales de detección de COVID a los trabajadores que rechazan las vacunas.

La oficina de Inslee ha defendido su mandato de vacunación, apoyado por funcionarios de salud pública, quienes subrayan que las vacunas son clave para poner fin a la pandemia que ha causado la muerte de más de 650 mil personas en Estados Unidos, y 6 mil 918 en Washington.

“Estos requisitos se ajustan plenamente a la ley. Esperamos responder en los tribunales”, dijo Mike Faulk, un portavoz de Inslee, en un correo electrónico.

Las tres vacunas autorizadas en Estados Unidos —Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson— han sido probadas y han resultado ser seguras y eficaces, según las autoridades de salud pública. Desde febrero, más del 90% de las hospitalizaciones y muertes en Washington se produjeron entre personas que no habían sido completamente vacunadas, dijeron las autoridades sanitarias del estado.

Hasta el miércoles, el 65.4% de los habitantes del estado mayores de 12 años están totalmente vacunados y el 72.1% de las personas en esa categoría de edad se han vacunado al menos una vez, según las autoridades sanitarias del estado.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el porcentaje de trabajadores estatales que están vacunados o que solicitan exenciones, la oficina del gobernador ha negado que una gran franja de empleados públicos vaya a arriesgar sus puestos de trabajo para evitar vacunas seguras y que pueden salvar vidas.

Nota del editor: Esta noticia fue editada para su publicación en español. La noticia original en inglés puede leerse en www.seattletimes.com

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