Iván Velásquez Gómez

En su mandato y de la mano con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Iván Velásquez Gómez, llevó a juicio a tres expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces y civiles acusados de corrupción en Guatemala.

La imposible tarea de desafiar a quienes tenían el poder y la inmunidad de ciertas personas de alto perfil cambió tras la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hace 12 años.

De la mano con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, llevó a juicio a tres expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces y civiles. Ayudó, además, a fortalecer tribunales y profesionalizó el Ministerio Público.

Sus investigaciones involucraron al actual mandatario y su familia, lo que provocó que Jimmy Morales diera fin, a principios de este año, a la gestión de la Cicig y prohibiera la entrada al país a sus investigadores. No obstante, la Corte de Constitucionalidad permitió a la misión de la ONU terminar el convenio hasta el 3 de septiembre.

Tras su salida, Iván Velásquez, designado como titular de la Comisión a finales de 2013, explica los pendientes, los avances y la importancia de misiones como la Cicig en otros países, incluido México.

¿Cómo deja la Cicig a Guatemala tras 12 años?

Me parece que hay una transformación en general en el sistema de justicia en cuanto a las reformas legales que permitieron inclusive la mejor utilización de herramientas importantes de la investigación, como las interceptaciones telefónicas, pero también un sistema normativo que permite enfrentar de mejor manera la lucha contra la impunidad y contra la corrupción y el lavado de activos. La Cicig pudo demostrar que sí era posible luchar contra la corrupción, contra la impunidad del poder, contra personas muy poderosas en el país que nunca lo habían pensado.

Sabemos que todo lo que generó la terminación del mandato, fue, precisamente, la reacción de todos esos sectores muy poderosos, incluido el gobierno del presidente Morales, que precisamente por verse afectados con las investigaciones, impidieron que la Comisión continuara, y eso en la mente de una gran cantidad de guatemaltecos significa la posibilidad de un retroceso.

¿Qué casos quedan pendientes y qué futuro le ve a los mismos?

Espero que haya real voluntad desde la Fiscalía General. (Hay) un tema de preocupación, sobre todo porque el próximo año se van a hacer los grandes juicios, como el caso La Línea o el caso Cooptación del Estado (que llevaron a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti). (También contra) el propio presidente Morales, que hay un antejuicio resultado en su contra y que el Congreso ni lo rechazó ni lo aceptó porque no alcanzó la mayoría calificada.

¿Considera que hay una ruptura del estado de derecho en Guatemala?

El año pasado con las decisiones de la Corte de Constitucionalidad que dejaron sin efecto la prohibición que el presidente formuló de permitir la prohibición para ingresar al país -las acciones que tomó contra funcionarios de la Comisión, en cuanto dispuso la cancelación o no renovación de visas- decisiones favorables de la Corte que, sin embargo, el presidente se negó a acatar y hacía afirmaciones (de) que él no cumplía "órdenes ilegales" de la Corte, eso solo para mí afecta sustancialmente el Estado.

¿Cuál es su perspectiva del nuevo Gobierno de Alejandro Giammattei (que inicia en 2020), quien además de que fue acusado por la Cicig, ha dicho que no piensa renovar su mandato?

Ha hecho unas afirmaciones de que buscará cooperación internacional para una comisión anticorrupción dependiente del gobierno, es decir para investigaciones administrativas que, supongo, trasladaría una vez documentados los hechos a la Fiscalía General, pero es apenas una expectativa.

¿Qué me puede decir sobre el informe "Guatemala: un Estado capturado"?

(De acuerdo con la investigación) el Estado guatemalteco se encuentra al servicio de intereses particulares, pero no está en la defensa de los intereses generales del bien común, y que ese concepto de "Estado capturado" desarrollado por el Banco Mundial desde inicios de los años 90, se observa pero de manera muy generalizada en todos los órganos del poder público.

Ha habido también manifestaciones contra la Cicig, no sólo de Morales, si no de otros sectores. ¿Usted hace una autocrítica?

En cuanto a responsabilidades específicas de la Comisión, no. Estas críticas que se hacen desde algunos sectores de la población, como dice usted, son precisamente de personas afectadas por investigaciones o que están en relación con personas afectadas por investigaciones que fueron, precisamente, por esas consecuencias negativas que dio para ellos, en este ataque persistente, especialmente después de mediados de 2016, señalando que las investigaciones eran politizadas, que solamente se estaba persiguiendo a un sector o a unos partidos y que se protegía a otros.

Yo pude demostrar que nunca hubo una preferencia en la investigación como para afectar a una persona o a un sector específico, pero se generaron esas grandes campañas de desprestigio, no sólo en redes sociales, sino también mediante la contratación de importantes empresas en EU para ir afectando la imagen de la Comisión.

¿Qué tan viable ve la creación de una comisión anticorrupción como la Cicig, pero en México?

No sabría exactamente de México sobre su sistema político, porque en un Estado federal es, probablemente, de mayor complicación; por lo menos habría que tener unas previsiones sobre las competencias nacionales de una Fiscalía General que pudiera apoyar una Comisión.

Lo que yo he afirmado respecto a la experiencia de la Cicig, es que es una experiencia provechosa, que en todo país que tenga un verdadero y genuino compromiso de sus autoridades de denunciar contra la corrupción, contra la impunidad del poder. Una comisión como la Cicig es de una ayuda muy grande, sobre todo por la gran dosis de independencia que genera, que inclusive transmite a la Fiscalía nacional, como ocurrió en Guatemala.

Tal como se diseñó la Cicig, no creo que esa crítica de lesión a la soberanía sea válida por una razón fundamental: que la Fiscalía General de la Repúbica de Guatemala siempre tuvo la titularidad de la acción penal (...), entonces, esta falsa injerencia de la comunidad internacional a través de la Comisión creo que es más un pretexto.

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