Un grupo de siete trabajadores huéspedes bajo el programa de H-2A logró un acuerdo de 240 mil dólares con varias compañías agrícolas con sede en Yakima.

La demanda se presentó en agosto de 2019 contra las empresas RC Orchards, LLC, G & G Orchards, Inc., EGT Orchards, LLC, y DG Orchards, LLC, informó el Proyecto de Justicia del Noroeste (NJP), firma legal que representó a los trabajadores.

Después de un año de litigio, las abogadas que representaron a los campesinos llegaron al acuerdo entre los propietarios de estas compañías y los empleados para evitar ir a juicio federal.

“Este caso fue muy difícil, ya que nos enfrentamos a hispanos abusando de hispanos. Varios meses investigamos los reclamos de los demandantes y obtuvimos suficiente evidencia de abusos y violaciones a la ley laboral. Las prácticas de estos empleadores son una forma de esclavitud moderna”, dijo la abogada Diana López Batista del Proyecto de Justicia del Noroeste en Yakima.

López Batista explicó que los demandantes presentaron oficialmente la demanda en la Corte federal de Distrito en agosto de 2019, alegando haber sido sometidos a tráfico laboral mediante tácticas de amenazas, intimidación y salarios no pagados para obligarlos a proporcionar mano de obra bajo coacción, violando el contrato de trabajo y regulaciones bajo el programa de trabajadores huéspedes H-2A.

La abogada mencionó que los empleadores operan huertos y una bodega de empaque de manzanas y peras en Yakima, y cada año contratan trabajadores H-2A que llegan del extranjero.

“Aunque teníamos conocimiento de violaciones, no podíamos hacer nada hasta el otoño de 2018 cuando un joven nos contactó porque él y un compañero sufrieron accidentes y los empleadores negaron darles atención médica, no les permitían hablar con nadie y los forzaban a trabajar, y esto empeoró sus lesiones”, informó.

López Batista dijo que los siete trabajadores no laboraron en el 2019 ni este año. “Durante el proceso de iniciar la demanda se regresaron a México, cuatro están en Colima, dos en Jalisco y otro en Nayarit, todos son parte del programa que recluta trabajadores agrícolas para trabajar en Estados Unidos con visas temporales, cuatro de ellos vinieron en 2016, otros solo en 2017 y 2018”.

Según el boletín de prensa de NJP, “los empleadores reclutaron a los trabajadores de México prometiéndoles el reembolso de todos los costos de viaje, buen salario, vivienda y transporte gratuitos y adecuados”.

López Batista contó que desgraciadamente cuando los trabajadores estuvieron aquí, los forzaban a trabajar amenazándolos con deportarlos a México, con ponerlos en la lista negra para impedir que regresen o expulsarlos del programa.

“Estos trabajadores eran obligados a trabajar turnos excesivamente largos a un ritmo irrazonable, sin dar descansos o pagarles todo el tiempo trabajado. Además, los supervisaban y monitoreaban todo el tiempo, les restringían tiempo personal y les negaban recibir visitas, entregas de alimentos y permiso para salir de la vivienda durante horas libres”, detalló la abogada.

Agregó que “la demanda original era de 400 mil dólares, pero llegamos a este acuerdo. Este pago es porque fueron negligentes al no dejar a lesionados a buscar tratamiento médico ni pagar todo el tiempo laborado. Estos trabajadores, al igual que los de planta, no saben sobre sus derechos. No importa su estatus legal, si trabajan en Washington deben tomar descansos por cada 4 horas laboradas y pago por enfermedad. Pero los empleadores los amenazaron si se quejaban de condiciones de trabajo o buscaban ayuda legal”.

La abogada dijo que parte del acuerdo requiere que los empleadores publiquen información de los derechos laborales durante dos años dentro de la vivienda y no interferir con los servicios de asistencia legal. También hay una disposición para evitar represalias, porque los demandantes piensan regresar al programa H-2A.

La abogada informó también que los siete demandantes ya recibieron su parte, dividida de los 240 mil dólares, que se les entregó a través del Centro de ayuda a trabajadores migrantes, organización sin fines de lucro en México. Además, que NJP va a asegurarse que los empleadores cumplan con los acuerdos y seguirán investigando casos de abusos, incluidos los de posibles infectados de COVID-19 en dormitorios de H-2A en el condado de Yakima.

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